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Juicios Por Jurados-Deuda Constitucional o el Desvío de Atención Pública

JUICIOS POR JURADOS

¿La aprobación del mecanismo de enjuiciamiento para delitos con penas supriores a 15 años refleja el cumplimiento de una deuda constitucional o el desvío de atención pública?

Por Dra. Graciela Garay de Ivaldi - Magister de la maestría en Magistratura y Gestión Judicial -

Al respecto, considero que en nuestro país hemos venido observando en estos últimos tiempos cada vez mayores reclamos de una justicia pronta y efectiva; la necesidad de dar respuesta a los distintos conflictos que a diario se generan en cada uno de las ramas del derecho. Siendo sin duda, a mi criterio, “la cuestión penal”, la que más visible impacto provoca a los ojos de una sociedad que a menudo ve cómo se repiten en la comunidad hechos que en algunas circunstancias resultan altamente repulsivos para una convivencia armónica, como por ejemplo los delitos de: homicidios, violaciones, secuestros, robos agravados, trata de blanca etc.

Es así como tales actitudes merecen una respuesta judicial acorde. Siendo así uno de los grandes desafío que se impone a los operadores jurídicos es responder si el juicio por jurados es un instrumento para recomponer el vínculo entre la gente y una justicia con tan bajo consenso?

Como ninguna otra institución el juicio por jurados ha generado una apasionada contienda entre quienes la combaten y quienes la propician. A mi criterio dicho instituto es desventajoso, siendo la garantía del debido proceso que consagra el art. 18 C.N, la piedra angular para estar en contra, siendo la Imparcialidad de los juzgadores el derecho que tiene aquel que debe defenderse en juicio. Ya que si indagamos en la naturaleza del ser humano, vemos que el mismo es un “ser racional”, y del mismo modo la sentencia debe alcanzarse con “razón judicial”.

No debe perderse de vista que la naturaleza esencial del hombre, “la razón”, es el único atributo cognoscitivo o al menos el más superior entre otros en procura del objetivo perseguido en un juicio: “La verdad”, la que será quizás mayor, a la que pueda brindarnos el veredicto de doce personas comunes.

En nuestros juicios decididos por jueces técnicos la razonabilidad del fallo es su prenda de imparcialidad. El juez imparcial será entonces aquel que se muestre enteramente racional, sin ningún tipo de predisposición o subjetividad.

En esa inteligencia, los ingleses siguen creyendo en esta antiquísima institución, por ellos creada y perfeccionada, con las correcciones que la experiencia histórica les va dando. Pero qué puede pasar con el transplante de esta institución a otros ambientes y a otros pueblos?. He aquí el gran interrogante. Viene al caso citar aquí el pensamiento de un gran escritor francés con respecto a la democracia que, a mi juicio, es válido para cualquier otra institución política o jurídica. André Maurois, en “Un Arte de Vivir” (pág. 33, 34) dice esto: Se nos dice: “...Inglaterra ha hecho la experiencia de la democracia y esta experiencia ha sido feliz...”, pero éste es un razonamiento que no tiene nada de científico, porque los demás pueblos no son el pueblo inglés. La democracia inglesa lleva implícita las condiciones de la vida política inglesa, el gusto de la discusión en común y del compromiso, la intensidad de la vida local, la concordancia de una aristocracia muy abierta con una burguesía que ella admite a su lado, el acuerdo del parlamento y de la “elite”, una monarquía constitucional.

Siguiendo con el hilo argumental sustentado, llegaremos a la conclusión de que el juicio por jurado, no encaja en el ambiente jurídico argentino y, más concretamente ello es así porque no está de acuerdo con la idiosincrasia del pueblo argentino. No se trata de investigar si los argentinos somos mejores o peores que los ingleses. Ello es harina de otro costal. El transplante de instituciones que han nacido y crecido en otros ambientes y, con otros pueblos, para que sea fructífero deberán darse las circunstancias de un ambiente y un pueblo, al menos similar. Los Estados Unidos y los países del “Commonwealth” (Canadá, Australia, Nueva Zelanda) presentan esta similitud y, por ello muchas de las instituciones políticas y jurídicas inglesas han fructificado en estos países.

Por otra parte sostener que en un país donde es difícil convencer a los testigos para que declaren, a los ciudadanos para que sean autoridades de mesa, y últimamente para que sufraguen, tenemos que preguntarnos: no rehusarán también al ejercicio del compromiso de ser jurados? Es preocupante la reacción...demandan mayor información e instrucción; Quién se las dará?, Y en qué grado?, ya que entre el ciclo básico completo y el título de abogado hay un largo trecho de instrucción. Deberíamos preguntarnos si un tribunal con jurados sería capaz de sobrellevar un juicio oral como por ej.: Marita Verón, Cromañon que duraran varios meses se pregunta ¿tendrían la capacidad de percibir la verdad real a través, de múltiples testigos, con una concentración que solo tienen los que tienen experiencia y conocimientos en la materia, escuchados y valorados en sus dichos, valorar las pericias, etc. Soportando el asedio de la prensa y opinión pública?.

No creo que con ciudadanos no adiestrados -alojados no sabe dónde durante meses, para evitar el contacto el público (como se ve en las películas norteamericanas y compensados en sus ingresos, no sabe con qué recursos), resulte mejor.

De allí que considero sin eufemismo alguno, que la actual crisis ética cuanto funcional, que compromete, seriamente la excelsa faena de “administración de justicia”, podía comenzar a encontrar cierta oxigenación ; no a través de la instalación del juicio por jurado –cuyos beneficios o desventajas se encuentran seriamente cuestionados a nivel mundial -, sino mediante la selección de jueces entre aquellos postulantes que acrediten insospechada solvencia intelectual acorde con la responsabilidad del cargo y posean una estatura moral insospechada, distante de todo hilo terrenal con los detentadores del poder público y solventando sus decisiones únicamente en el dictado de la ley y de su propia conciencia.

En ese orden de ideas, sería acertado alertar sobre “oportunismos y avatares políticos” en lo que al juicio por jurados se refiere. A la vista del vasto escenario del quehacer nacional, marcadamente teñidos de actos de corrupción, es lícito albergar la sospecha de que la misma tintura pueda manchar a una institución, no obstante ser objeto de ella de discusión por parte de aquellos que le sustentan y le atribuyen el más alto cabal modo de participación y responsabilidad ciudadana en una cuestión tan delicada como es la administración de justicia de la cosa pública. Es necesario, insisto, reabrir el debate dirigido al cuerpo social con las previsiones que éste requiera en lo académico, jurídico, político y fundamentalmente en el ámbito del Congreso Nacional, institución que representa a las provincias y al pueblo argentino, enriqueciendo finalmente de ésta manera las instituciones de la República.

A las razonables críticas que la doctrina especializada ha dirigido al juicios por jurados, debe aunarse que esta forma de juzgamiento resulta muy costosa. A título de ejemplo piénsese solamente en los enormes gastos de alojamiento de los jurados en hoteles y en muchos casos, por lapsos bastantes prolongados con las consiguientes ausencias laborales que tienen un elevado costo, a lo cual debe agregarse, todavía el riesgo de la influencia mediática y hasta de coerción moral y/o física, a que se puedan ver sometidos los jurados legos, en mucha mayor medida que los “Buenos jueces profesionales y de carrera”, por intereses ilegítimos de grupos o corporaciones de gran poder ofensivo político y económico.

Dra. Graciela Garay de Ivaldi
Magister de la maestría en Magistratura y Gestión Judicial
Secretaria Relatora Cámara Federal de Tucumán



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