29 de agosto de 2011

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


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El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por Marcelo Chamau
Sancionada la “Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (en adelante CCABA) el Poder Judicial porteño quedo integrado[1] por: El Tri­bunal Superior de Justicia, los demás tribunales esta­blecidos por ley, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Y la Ley[2] “Orgánica del Poder Judicial”, prevé además, la Cámara de Casación en lo Penal, las cámaras de apelaciones en lo civil, en lo comercial, del trabajo, en lo criminal y correccional; los tribunales orales en lo criminal y de menores; las cámaras contencioso administrativo y tributario y en lo contravencional y de faltas; y los juzgados de primera instancia en lo civil, en lo comercial, en lo criminal y correccional, del trabajo, de menores, en lo contravencional y de faltas, de ejecución y seguimiento de sentencia, en lo contencioso administrativo, los tribunales de vecindad y el tribunal electoral.
 La Constitución atribuye al Poder Judicial local el conocimiento y decisión de todas las causas que versan sobre puntos regidos por ella, por los convenios que la Ciudad de Buenos Aires celebre, por los códigos de fondo, por las leyes y demás normas nacionales y locales, sin perjuicio del juicio por jurados que la ley establezca[3]. Se prohíbe el ejercicio de facultades judiciales por los demás poderes[4], siguiendo la tradición constitucional de la división de poderes. “debemos recordar que ya en la concepción de Montesquieu, la separación de Poderes es la garantía genérica del respeto por los derechos y las libertades públicas”[5]. Se incluye una cláusula programática respecto a la responsabilidad de los otros poderes de dotar al Poder Judicial con los recursos necesarios para su buen funcionamiento y para que sea viable el derecho a la jurisdicción consagrado en el concepto de “acceso a la justicia”[6], con la resolución de los conflictos en tiempo razonable y a un costo que no implique privaciones de justicia.
Los miembros del Poder Judicial asumirán el cargo mediante el acto de juramento que se prestará ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia[7], mediante un sistema que asegura la objetividad del juzgamiento de la idoneidad de los postulantes a los cargos. No se establece el requisito de terna, ni la intervención del Ejecutivo en la designación, circunstancia que mejora el complejo sistema diseñado en la Constitución Nacional que prevé la intervención de tres órganos. Se garantiza el procedimiento de concurso y se impide manipulación política de las designaciones. Se establece que los acuerdos para la designación de los magistrados son públicas y se asegura de la participación de la mujer para concursar los cargos[8].
Se establece el principio de inamovilidad de los miembros, al asegurar la permanencia de sus integrantes mientras dure la buena conducta de los mismos[9], sin importar los cambios políticos que protagonicen los demás órganos del gobierno, con el fin de asegurar su independencia. De la intangibilidad de la remuneración y de la saludable eliminación del privilegio a exenciones impositivas[10], manifestando que no afecta a la intangibilidad de la remuneración. “La efectiva vigencia del principio de no discriminación debe incluir la eliminación de diferencial tratamiento impositivo que no están justificadas en la preservación de la función[11].
Los jueces y juezas deben resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas de cualquier sector o por cualquier motivo[12]. Gozan de las libertades de expresión, credo e ideas, asociación y reunión, al igual que los demás ciudadanos y ciudadanas[13].
Los jueces y funcionarios judiciales no pueden ejercer profesión, empleo o comercio, con excepción de la docencia; estableciéndose así, las incompatibilidades entre el ejercicio de la función judicial y la actividad remunerada, para garantizar su imparcialidad.
Los jurados de enjuiciamiento[14] se han diseñado a la manera de una instancia en la que también interviene el Consejo de la Magistratura en su etapa acusadora, compuesta por partes iguales de jueces, legisladores y abogados, nueve miembros en total. Las causas que originan la remoción de los magistrados son comisión de delitos dolosos, mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho e inhabilidad física o psíquica[15].
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la CABA, declara que la justicia emana del pueblo y es administrada en su nombre por los jueces y juezas del Poder Judicial de la Ciudad, quienes están sometidos únicamente a la constitución Nacional, a la Constitución de la Ciudad y al imperio de la Ley[16].
1 – Tribunal Superior de Justicia:
Su Integración se ha fijado en el texto de la CCABA[17] y en el art. 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cinco (5) magistrados, evitando así que se modifique por vía legislativa con fines políticos; diferenciándose con la Constitución Nacional que se refiere a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin determinar el número de sus integrantes, que dio como resultado en el transcurso del tiempos a un aumento en el número de sus integrantes. Por ello, y con miras de asegurar la independencia del Poder Judicial, la Constitución porteña ha fijado su composición, que sólo podrá modificarse mediante el mecanismo de reforma constitucional.
Los jueces son designados por el jefe de Gobierno con acuerdo de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, en sesión pública, no podrán ser todos del mismo sexo[18] y sólo serán removidos por juicio político.
Para ser magistrado del Alto Tribunal, se encuentran los de tener especial versación jurídica y haber nacido en la ciudad o acreditar una residencia inmediata en ésta no inferior a cinco años.
El Tribunal dicta su reglamento interno, nombra y remueve a sus empleados, proyecta y ejecuta su presupuesto[19], delineando así una estructura libre de la interferencia de los otros órganos de gobierno.
Se regula la competencia material del Tribunal Superior[20], es decir, los casos que van a ser sometidos a su decisión, otorgándole el constituyente porteño tres tipos diferentes de competencia: Originaria y exclusiva, apelada ordinaria y apelada extraordinaria. “El inc. 1 le confiere competencia para conocer los conflictos entre los demás poderes de la ciudad; el inc. 2, prevé su competencia originaria y exclusiva en los casos de acciones declarativas de inconstitucionalidad de las normas emanadas de las autoridades de la ciudad. En el caso de que el Tribunal declare la inconstitucionalidad, la norma pierde su vigencia. Cuando se trate de leyes, éstas seguirán vigentes durante tres meses después de la decisión. Dentro de ese lapso, la legislatura puede ratificarla con el voto de los dos tercios de los miembros presentes. La ratificación no impide el posterior control difuso. De este modo, el inciso adelanta que todos los jueces y el Tribunal pueden ejercer el control difuso de constitucionalidad”[21].
Entonces el mecanismo de este inciso, nos permite una doble vía de declaración de inconstitucionalidad de leyes, el concentrado y el difuso. El control de constitucionalidad “concentrado” es propio de los tribunales constitucionales europeos, donde puede declararse una inconstitucionalidad con alcance general como aquí está previsto; aunque con una particular de excepcionalidad: que la Le­gislatura insista con la validez de la ley por, una ma­yoría especial agravada de dos tercios de los miem­bros presente dentro de los tres meses de declarada la inconstitucionalidad. “Si esto ocurriera (la insisten­cia de la Legislatura) la inconstitucionalidad sería igualmente valida aunque sólo para el caso o litigio concreto y para todos los casos ­concretos en que se declare tal inconstitucionalidad (sistema “difuso” correspondiente al sistema norteame­ricano y a nuestro orden federal)”[22].
El inc. 3 se refiere al recurso de inconstitucionalidad y el inc. 4 al recurso de denegación de justicia; Inc. 5 el Tribunal tiene competencia ordinaria de apelación en las causas contra la ciudad, cuyo monto no sea superior al que fije la ley y el inc. 6 prevé la competencia originaria en materia electoral y de partidos políticos locales.[23] Respecto de la competencia originaria en materia electoral, el inc.5 admite la posibilidad de crear mediante ley un tribunal electoral, en este caso actuará por vía de apelación.
La introducción de un sistema de control con alcance derogatorio, afianza la vigencias del principio de supremacía constitucional y resulta un instrumento idóneo para le efectiva vigencia del sistema, ya que permite que las normas contrarias a la Constitución pierdan validez sin necesidad de que los afectados promuevan las acciones en cada contienda donde la norma debe ser aplicada. Asimismo, el sistema de insistencia de la Legislatura salvaguarda el principio de separación de Poderes y evita que esta facultad se convierta en una intromisión de los jueces en facultades propias de otro órgano[24].
2 – Consejo de la Magistratura:
El Consejo de la Magistratura fue establecido por el constituyente porteño en forma clara en el texto de la Constitución porteña, otorgando una participación igualitaria a la Legislatura, al Poder Judicial y al colegio publico de Abogados de la Ciudad.
En su integración[25] no participa la representación del Ejecutivo, otorgándole transparencia e independencia al sistema de selección. El consejo entonces esta integrado por nueve (9) miembros: tres (3) repre­sentantes elegidos por la Legislatura, con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros; tres (3) jue­ces del Poder Judicial de la Ciudad, excluidos los del Tribunal Superior, elegidos por el voto directo de sus pares y tres (3) abogados matriculados en la Ciudad y ele­gidos por sus pares.
Los integrantes del Consejo de la Magistratura duran cuatro años en sus funciones, y no pueden ser reelegidos sino con intervalo de por lo menos un período completo. Designan a su presidente y tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que los jueces y son removidos por juicio político.
Entre sus funciones[26] se encuentra la de seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a la Magistratura y al Ministerio Público, proponiéndolos a la legislatura; recibe las denuncias contra los jueces y los integrantes del Ministerio Público; decide la apertura de remoción de Magistrados; dicta los re­glamentos internos del Poder Judicial y ejerce facultades disciplinarias respecto de los magistrados.
En el art. 1 de La ley 31 “Orgánica del Consejo de la Magistratura” encontramos definido sus funciones “…es un órgano permanente de selección de magistrados y administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la función de asegurar su independencia, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado”.
Son órganos del Consejo de la Magistratura: a) el Plenario, la Comisión de Administración y Financiera, la Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público y la Comisión de Disciplina y Acusación. b) El Comité Ejecutivo, integrado por el Presidente o Presidenta, el Vicepresidente o Vicepresidenta y el Secretario o Secretaria, y c) El Sistema de Formación y Capacitación Judicial.
3 – Ministerio Público:
La función esencial del Ministerio Público[27] consiste en promover la actuación de la justicia, acentuando que su finalidad es la representación de los intereses generales de la sociedad; velando por la normal prestación del servicio de justicia; de la protección de las personas menores de edad, incapaces e inhabilitados; de la observancia de los derechos humanos en los establecimientos y lugares de detención; promover y ejercitar la acción pública en las causas contravencionales y penales; intervenir en los procesos en que se cuestione la validez constitucional de normas jurídicas; velar por la observancia de la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las leyes nacionales y las leyes locales; dirigir a la Policía Judicial y asegurar a la vez la independencia para su correcto funcionamiento.
El Ministerio Público está integrado[28] por tres (3) ámbitos diferenciados e independientes entre sí:
a) Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un o una Fiscal General, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en la presente ley.
b) Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un Defensor o una Defensora General, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en la presente ley;
c) Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un Asesor o una Asesora General Tutelar, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en la presente ley.
Cada uno de los tres (3) ámbitos tiene a su cargo el gobierno y la administración general y financiera. Dictan los reglamentos internos necesarios para el más eficiente y eficaz cumplimiento de la misión y funciones encomendadas por la CCABA. Gozan de las mismas inmunidades y prerrogativas que los legisladores y se encuentran alcanzados por las mismas incompatibilidades e inhabilidades respecto de los jueces y juezas.
4 – Fuero Contencioso Administrativo y Tributario:
La justicia en lo contencioso administrativo y tributaria entiende en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado; entonces, cada ciudadano que demande o sea demandado por una autoridad administrativa local deberá hacerlo frente a este fuero, cualquiera sea la naturaleza de la acción.
Así, quedo establecido en el Art. 2º de la Ley 189[29] – “Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público”.
El legislador porteño al precisar el alcance de las autoridades administrativas[30] considero: a la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, al órgano legislativo y al órgano judicial de la CABA, en ejercicio de la función administrativa y a los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Quién esta legitimado para interponer la demanda? el art. 6 de la Ley 189 expresa “Pueden interponer la demanda quienes invoquen una afectación, lesión o desconocimiento de derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico…”.Se sostuvo al respecto que, en este proceso se han superado las viejas discusiones entre derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple, entonces todo vecino podrá invocar una afectación o lesión que esté resguardada por el ordenamiento jurídico.
5 – Fuero Contravencional y de Faltas
La constitución de la justicia Contravencional el 15 de marzo de 1998, implicó la cesación de la justicia municipal de falta, tipificada en los edictos policiales. Los famosos edictos, una forma de peligrosidad sin delito que existía en la Ciudad de Buenos Aires y que tiene su origen cuando Rivadavia suprime los cabildos. Así el constituyente porteño, Dr. Castells se refería en la convención a los edictos policiales “Por un lado nos copiamos la Constitución norteamericana, pero por el otro la policía borbónica, es decir, la policía militarizada piramidal. Nunca tuvimos la policía comunitaria de los Estados Unidos; sí la Constitución pero, no la policía”[31].
Este sistema de peligrosidad sin delito se fue difundiendo a lo largo de todo el país; desde el siglo pasado estos edictos eran un amontonamiento de disposiciones absurdas de distintas épocas que emanaba del jefe de policía.
En el primer Gobierno del General Perón, la Corte Suprema va a declarar la inconstitucionalidad de la facultad de emitir edictos por parte del jefe de Policía; pero inmediatamente el Congreso a través de una ley ómnibus de 1958, los convierte en una ley nacional.
Las continuas objeciones de organismos de derechos humanos y distintas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, sobre el carácter extremadamente impreciso y difuso respecto de las conductas contempladas en los edictos y acerca de las prácticas discrecionales en su aplicación en detrimento de los derechos de los eventuales contraventores (lo cual en más de una oportunidad dio lugar a denuncias de malos tratos y abusos de autoridad), por una parte; así como, las repetidas discusiones respecto de la concentración de funciones legislativas y judiciales en manos de la Policía Federal por la otra; acabaron por conseguir la derogación de los Edictos Policiales, así sostuvo el fiscal general adjunto Luis Cevasco[32].
La sanción de un nuevo Código Contravencional[33] por parte de la Legislatura de la Ciudad, implicó no sólo la supresión de las antiguas figuras contravencionales, fundándose en la necesidad de depuración de los edictos policiales de su carácter peligrosista, sino también la definición de nuevos tipos y figuras contravencionales; sólo podrán ser sancionadas aquellas conductas individualizadas en forma concreta.
El Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona las conductas que por acción u omisión dolosa o culposa implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos. Se aplica a las contravenciones que se cometan en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las que produzcan sus efectos en ella.
Vale aclarar conceptualmente aquellas conductas humanas que pueden ser efectuadas por acción u omisión: por acción se entiende a la actividad humana dirigida directamente a la comisión de la contravención; para facilitarla o producida para impedir su descubrimiento, ocultar lo obtenido o darle al autor o autores una ayuda necesaria de cualquier tipo. La comisión por omisión se le reprochará a aquel que teniendo obligación legal, no actúe, o que, si actúa lo hace de manera defectuosa, incompleta o extemporánea.
Respecto de las contravenciones cometidas por menores en el ámbito de la CABA, se ha establecido que la justicia porteña es competente, aún cuando no existiera en el ámbito de la Ciudad, tribunales especiales para el juzgamiento de menores. El juez, así, asume en el juzgamiento de las contravenciones cometida por menores, funciones asistenciales, además de las jurisdiccionales que le son propias. (CC y F CBA, sala 2da. 7de julio de 2005- RM. M.A.)
En la aplicación del Código resultan operativos todos los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Nación Argentina, en los Tratados de Derechos Humanos que forman parte de la Constitución Nacional (artículo 75, Inc. 22) y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quedando así, organizado dentro del Poder Judicial de la Ciudad[34], al cual quedó subordinada la Policía Federal en carácter de auxiliar de la justicia y de organismo preventor, hasta tanto el Poder Judicial organice su propia policía.
Fuente: Blog  Marcelo Gustavo Chamau

[1] Art. 107 de la C.C.A.B.A
[2] Ley N° 7 – Adla, LVIII – A, 718. “Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
[3] Art. 106 de la C.C.A.B.A.
[4] Art. 108 de la C.C.A.B.A.
[5] Daniel Sabsay- José M. Onaindia, La Constitución de los Porteños, Bs. As. , Errapar, 1997, p. 231.
[6] Arts. 12 inc. 6 y 108 de la C.C.A.B.A.
[7] Art. 109 de la C.C.A.B.A.
[8] Art. 111 de la C.C.A.B.A.
[9] Art. 110 de la C.C.A.B.A.
[10] Art. 110 de la C.C.A.B.A.
[11] Daniel Sabsay- José M. Onaindia, La Constitución de los Porteños, Bs. As. , Errapar, 1997, p. 232.
[12] Art. 4 de la Ley N° 7.
[13] Art. 5 de la Ley N° 7.
[14] Art. 121 de la C.C.A.B.A.
[15] Art. 122 de la C.C.A.B.A.
[16] Art. 1 de la Ley N° 7.
[17] Art. 111 de la C.C.A.B.A.
[18] Art. 111 de la C.C.A.B.A.
[19] Art. 114 de la C.C.A.B.A.
[20] Art. 113 de la C.C.A.B.A.
[21] Carlos E. Colautti, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bs. As., Universidad, 1996, p.158.
[22] Alberto R. Dalla Via, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Bs. As., Belgrano, 1996, p. 150.
[23] Carlos E. Colautti, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bs. As., Universidad, 1996, p.158.
[24] Daniel Sabsay- José M. Onaindia, La Constitución de los Porteños, Bs. As. , Errapar, 1997, p. 236.
[25] Art. 115 de la C.C.A.B.A.
[26] Art. 116 de la C.C.A.B.A.
[27] Art. 124 de la C.C.A.B.A.
[28] Art. 6 de la Ley N° 21 “Ley Orgánica del Ministerio Público” BOCBA N° 450 del 20/05/1998.
[29] Ley N° 189 – Adla, LIX –D, 4517.
[30] Art. 1 de la Ley N° 189.
[31] Diario de Sesiones, Tomo II, Colegio de Abogados, 2004, p. 542.
[32] Por Hernán Cappiello, Redacción, Diario La Nación, Martes 18 de Abril de 2006.
[33] Ley N° 1472 Sancionada el 23/09/2004 (Deróganse la Ley N° 10 y sus modificatorias y la Ley N° 255).BOCBA N° 2055 del 28/10/2004
[34] Cláusula transitoria duodécima de la C.C.A.B.A

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