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Juicios Por Jurados-Deuda Constitucional o el Desvío de Atención Pública

JUICIOS POR JURADOS

¿La aprobación del mecanismo de enjuiciamiento para delitos con penas supriores a 15 años refleja el cumplimiento de una deuda constitucional o el desvío de atención pública?

Por Dra. Graciela Garay de Ivaldi - Magister de la maestría en Magistratura y Gestión Judicial -

Al respecto, considero que en nuestro país hemos venido observando en estos últimos tiempos cada vez mayores reclamos de una justicia pronta y efectiva; la necesidad de dar respuesta a los distintos conflictos que a diario se generan en cada uno de las ramas del derecho. Siendo sin duda, a mi criterio, “la cuestión penal”, la que más visible impacto provoca a los ojos de una sociedad que a menudo ve cómo se repiten en la comunidad hechos que en algunas circunstancias resultan altamente repulsivos para una convivencia armónica, como por ejemplo los delitos de: homicidios, violaciones, secuestros, robos agravados, trata de blanca etc.

Es así como tales actitudes merecen una respuesta judicial acorde. Siendo así uno de los grandes desafío que se impone a los operadores jurídicos es responder si el juicio por jurados es un instrumento para recomponer el vínculo entre la gente y una justicia con tan bajo consenso?

Como ninguna otra institución el juicio por jurados ha generado una apasionada contienda entre quienes la combaten y quienes la propician. A mi criterio dicho instituto es desventajoso, siendo la garantía del debido proceso que consagra el art. 18 C.N, la piedra angular para estar en contra, siendo la Imparcialidad de los juzgadores el derecho que tiene aquel que debe defenderse en juicio. Ya que si indagamos en la naturaleza del ser humano, vemos que el mismo es un “ser racional”, y del mismo modo la sentencia debe alcanzarse con “razón judicial”.

No debe perderse de vista que la naturaleza esencial del hombre, “la razón”, es el único atributo cognoscitivo o al menos el más superior entre otros en procura del objetivo perseguido en un juicio: “La verdad”, la que será quizás mayor, a la que pueda brindarnos el veredicto de doce personas comunes.

En nuestros juicios decididos por jueces técnicos la razonabilidad del fallo es su prenda de imparcialidad. El juez imparcial será entonces aquel que se muestre enteramente racional, sin ningún tipo de predisposición o subjetividad.

En esa inteligencia, los ingleses siguen creyendo en esta antiquísima institución, por ellos creada y perfeccionada, con las correcciones que la experiencia histórica les va dando. Pero qué puede pasar con el transplante de esta institución a otros ambientes y a otros pueblos?. He aquí el gran interrogante. Viene al caso citar aquí el pensamiento de un gran escritor francés con respecto a la democracia que, a mi juicio, es válido para cualquier otra institución política o jurídica. André Maurois, en “Un Arte de Vivir” (pág. 33, 34) dice esto: Se nos dice: “...Inglaterra ha hecho la experiencia de la democracia y esta experiencia ha sido feliz...”, pero éste es un razonamiento que no tiene nada de científico, porque los demás pueblos no son el pueblo inglés. La democracia inglesa lleva implícita las condiciones de la vida política inglesa, el gusto de la discusión en común y del compromiso, la intensidad de la vida local, la concordancia de una aristocracia muy abierta con una burguesía que ella admite a su lado, el acuerdo del parlamento y de la “elite”, una monarquía constitucional.

Siguiendo con el hilo argumental sustentado, llegaremos a la conclusión de que el juicio por jurado, no encaja en el ambiente jurídico argentino y, más concretamente ello es así porque no está de acuerdo con la idiosincrasia del pueblo argentino. No se trata de investigar si los argentinos somos mejores o peores que los ingleses. Ello es harina de otro costal. El transplante de instituciones que han nacido y crecido en otros ambientes y, con otros pueblos, para que sea fructífero deberán darse las circunstancias de un ambiente y un pueblo, al menos similar. Los Estados Unidos y los países del “Commonwealth” (Canadá, Australia, Nueva Zelanda) presentan esta similitud y, por ello muchas de las instituciones políticas y jurídicas inglesas han fructificado en estos países.

Por otra parte sostener que en un país donde es difícil convencer a los testigos para que declaren, a los ciudadanos para que sean autoridades de mesa, y últimamente para que sufraguen, tenemos que preguntarnos: no rehusarán también al ejercicio del compromiso de ser jurados? Es preocupante la reacción...demandan mayor información e instrucción; Quién se las dará?, Y en qué grado?, ya que entre el ciclo básico completo y el título de abogado hay un largo trecho de instrucción. Deberíamos preguntarnos si un tribunal con jurados sería capaz de sobrellevar un juicio oral como por ej.: Marita Verón, Cromañon que duraran varios meses se pregunta ¿tendrían la capacidad de percibir la verdad real a través, de múltiples testigos, con una concentración que solo tienen los que tienen experiencia y conocimientos en la materia, escuchados y valorados en sus dichos, valorar las pericias, etc. Soportando el asedio de la prensa y opinión pública?.

No creo que con ciudadanos no adiestrados -alojados no sabe dónde durante meses, para evitar el contacto el público (como se ve en las películas norteamericanas y compensados en sus ingresos, no sabe con qué recursos), resulte mejor.

De allí que considero sin eufemismo alguno, que la actual crisis ética cuanto funcional, que compromete, seriamente la excelsa faena de “administración de justicia”, podía comenzar a encontrar cierta oxigenación ; no a través de la instalación del juicio por jurado –cuyos beneficios o desventajas se encuentran seriamente cuestionados a nivel mundial -, sino mediante la selección de jueces entre aquellos postulantes que acrediten insospechada solvencia intelectual acorde con la responsabilidad del cargo y posean una estatura moral insospechada, distante de todo hilo terrenal con los detentadores del poder público y solventando sus decisiones únicamente en el dictado de la ley y de su propia conciencia.

En ese orden de ideas, sería acertado alertar sobre “oportunismos y avatares políticos” en lo que al juicio por jurados se refiere. A la vista del vasto escenario del quehacer nacional, marcadamente teñidos de actos de corrupción, es lícito albergar la sospecha de que la misma tintura pueda manchar a una institución, no obstante ser objeto de ella de discusión por parte de aquellos que le sustentan y le atribuyen el más alto cabal modo de participación y responsabilidad ciudadana en una cuestión tan delicada como es la administración de justicia de la cosa pública. Es necesario, insisto, reabrir el debate dirigido al cuerpo social con las previsiones que éste requiera en lo académico, jurídico, político y fundamentalmente en el ámbito del Congreso Nacional, institución que representa a las provincias y al pueblo argentino, enriqueciendo finalmente de ésta manera las instituciones de la República.

A las razonables críticas que la doctrina especializada ha dirigido al juicios por jurados, debe aunarse que esta forma de juzgamiento resulta muy costosa. A título de ejemplo piénsese solamente en los enormes gastos de alojamiento de los jurados en hoteles y en muchos casos, por lapsos bastantes prolongados con las consiguientes ausencias laborales que tienen un elevado costo, a lo cual debe agregarse, todavía el riesgo de la influencia mediática y hasta de coerción moral y/o física, a que se puedan ver sometidos los jurados legos, en mucha mayor medida que los “Buenos jueces profesionales y de carrera”, por intereses ilegítimos de grupos o corporaciones de gran poder ofensivo político y económico.

Dra. Graciela Garay de Ivaldi
Magister de la maestría en Magistratura y Gestión Judicial
Secretaria Relatora Cámara Federal de Tucumán



Envíado a través de :

Difusión de los principios y valores de la Constitución de la Ciudad - Ley 4247 - CABA

Ley 4247

Modificación de la Ley 129 -
Difusión de los principios y valores de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012
Publicación en B.O.: 11/09/2012


La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1°.- Modificase el articulo 3° de la Ley 129, que quedará redactado de la siguiente manera: "Se dictarán clases alusivas en todos los establecimientos educacionales del Gobierno de la Ciudad, con el objetivo de contribuir a la formación ética y cívica de niños y jóvenes, procurando fortalecer la vigencia y continuidad de los principios, valores, obligaciones, derechos y garantías que emanan del articulado de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo. 2º.- Modificase el artículo 4° de la Ley 129, que quedará redactado de la siguiente manera: "Se realizará un acto conmemoratorio en todos los establecimientos educacionales del Gobierno de la Ciudad, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 65 inciso 1° de la Resolución Nº 4776/GCABA/MEGC/06. En dicho acto se invitará a todos los alumnos de séptimo grado año de Nivel Primario, a prometer por el respeto a los derechos, obligaciones y garantías que establece la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al finalizar la promesa, se hará entrega a cada alumno de un ejemplar de la Constitución de la Ciudad junto con un certificado conmemorativo.

Artículo. 3º.- Agrégase un articulo 5° a la Ley 129 con el siguiente texto: "Las formas y procedimientos del acto estipulado en el artículo 4° de la presente, serán determinados por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en su futuro lo remplace.

Artículo. 4°.- Agrégase un articulo 6° a la Ley 129 con el siguiente texto: "Comuníquese, etc."

Artículo. 5º.- Comuníquese, etc.

Ritondo - Pérez


Ley 129
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Día de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Sanción: 10/12/1998
Promulgación: Decreto N° 39/999 del 15/01/1999
Publicación: BOCBA N° 616 del 22/01/1999

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1º.- Declárase el día 10 de octubre como Día de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Se embanderarán todos los edificios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se invitará a hacer lo mismo a los organismos nacionales y a los particulares.

Artículo 3º.- Se dictarán clases alusivas en todos los establecimientos educacionales del Gobierno de la Ciudad, con el objetivo de contribuir a la formación ética y cívica de niños y jóvenes, procurando fortalecer la vigencia y continuidad de los valores, las creencias y el estilo de vida democrático.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.

ENRIQUE OLIVERA
MIGUEL ORLANDO GRILLO

Adquisición de Cosa Mueble - Agentes de Recaudación - Res. Nº 158/2012

Resolución CABA  Nº: 158 / 2012

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS


RESOLUCIÓN Nº 158
VISTO:
LA RESOLUCIÓN N° 963/AGIP/11 (BOCBA N° 3803)
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada normativa se estableció un Régimen General de Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para los sujetos que desarrollan actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que el artículo 8° de la citada Resolución estableció que quedan excluidas del mencionado régimen de retención/percepción aquellas operaciones de adquisición de cosa mueble, cuando la misma haya revestido el carácter de bien de uso para el adquirente
Que a los fines de precisar el alcance de dicho artículo correspondería reemplazarlo por el siguiente:"Quedan excluidas del presente régimen de retención/percepción aquellas operaciones de adquisición de cosa mueble, cuando la misma revista el carácter de bien de uso para el adquirente. En tal circunstancia el destino deberá ser declarado por el contribuyente en el momento de concertar la operación consignando la leyenda "a ser afectado como bien de uso" dentro de la factura ó documento equivalente."
Que asimismo, su artículo 75 establece que los Agentes de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuya actividad sea la Fabricación y Comercialización Mayorista de Medicamentos para Uso Humano aplicarán una reducción del 50% (cincuenta por ciento) en la alícuota establecida para el Régimen General de Percepciones, sobre el precio neto de la operación de venta, con respecto a los contribuyentes que desarrollan la actividad de Comercio Minorista de Medicamentos para Uso Humano, correspondiendo aumentar dicho porcentaje al 75% (setenta y cinco por ciento)
Que finalmente corresponde modificar las alícuotas establecidas en los Anexos IV y V de la Resolución N° 963/AGIP/11 en lo que respecta a retención de contribuyentes del Régimen Simplificado con Magnitudes Superadasy percepción en Fabricación y Comercialización de Medicamentos para Uso Humano y Comercio Electrónico
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inc. 19 del Código Fiscal (t.o. 2011) y modificatoria Ley N°4039y demás normas concordantes de la Ley N° 2603,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTALDE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE
Artículo 1.- Reemplázase el artículo 8° de la Resolución N° 963/AGIP/2011, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Artículo 8.-Quedan excluidas del presente régimen de retención/percepción aquellas operaciones de adquisición de cosa mueble, cuando la misma revista el carácter de bien de uso para el adquirente. En tal circunstancia el destino deberá ser declarado por el contribuyente en el momento de concertar la operación consignando la leyenda "a ser afectado como bien deuso" dentro de la factura ó documento equivalente.".
Artículo 2.- Modifícase el artículo 75 de la Resolución N° 963/AGIP/2011, en los siguientes términos:
"Artículo 75.-Los Agentes de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuya actividad sea la Fabricación y Comercialización Mayorista de Medicamentos para Uso Humano aplicarán una reducción del 75% (setenta y cinco por ciento) en la alícuota establecida para el Régimen General de Percepciones, sobre el precio neto de la operación de venta, con respecto a los contribuyentes que desarrollan la actividad de Comercio Minorista de Medicamentos para Uso Humano".
Artículo 3.- Reemplázanse los Anexos IV y V de la Resolución N° 963/AGIP/11 por los Anexos que forman parte integrante de la presente Resolución a todos sus efectos.
Artículo 4.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/04/2012.
Artículo5.- Regístrese,publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas de esta Administración. Cumplido, archívese. WALTER

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